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11.200 pacientes se beneficiarán del convenio sanitario entre Aragón y Valencia

El Gobierno de Aragón firmará próximamente un nuevo convenio sanitario con la Comunidad Valenciana para garantizar la asistencia a los vecinos de las comarcas limítrofes de ambas zonas. Ayer, el Consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, se reunió en Valencia con su homóloga, Carmen Montón, con el objetivo de sentar las bases del nuevo convenio, que será firmado próximamente tal y que beneficiará a las más de 11.200 personas de ambas comunidades.

Durante el encuentro, ambos consejeros mostraron su disposición a dar forma a un nuevo acuerdo con el que garantizar la atención sanitaria en las dos comunidades después de que algunos alcaldes de la Comarca del Maestrazgo mostrasen su malestar teniendo en cuenta la «deficiente» cobertura actual. Por ello, se confirmó que, en el marco del convenio, se está trabajando sobre las zonas de salud de Cantavieja, Mosqueruela, Mora de Rubielos y Sarrión, además de en el Rincón de Ademuz y la poblaciones de Herbés, La Cuba y Abejuela. «Estamos ante una zona despoblada, con malas comunicaciones y muy montañosa. Es una prioridad para nosotros que nuestros ciudadanos tengan la certeza de que pueden ser atendidos en los centros más cercanos, no podemos crear fronteras con las autonomías», destacó el consejero, que pidió al gobierno central que se establezcan cauces para que se compensen los gastos de este tipo de asistencias entre comunidades.
En algunos casos, las propuestas sólo afectan a la atención primaria y, en otras, también a la atención especializada de primer orden, a las urgencias, a la rehabilitación e, incluso, a la salud bucodental. Tras este primer encuentro, está previsto que se cree un grupo de trabajo que concrete todas las cuestiones para que el convenio pueda estar listo en apenas unos meses. En este sentido, DGA y la Generalitat ya firmaron un acuerdo para la atención de estas comarcas en 2006 y que concluyó su vigencia en 2011 sin que desde entonces se haya firmado uno nuevo. Después, en 2013, se firmó un protocolo que no llegó a materializarse en un acuerdo concreto. Con el nuevo, se volverá a tener un marco jurídico y administrativo.