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Una plataforma recoge firmas para impedir los sondeos de gas mediante fracking

Los vecinos de los seis municipios del Maestrazgo en los que la empresa Montero Energy Corporation quiere sondear gas mediante el fracking se han movilizado y presentarán alegaciones con el objetivo de paralizar el proyecto. Una plataforma que funciona sobre todo en las redes sociales se encarga de difundir los formularios para que cada firmante manifieste su oposición a la iniciativa.

Los pueblos en los que la empresa pretende trabajar son Mirambel, Cantavieja, La Iglesuela del Cid, La Cuba, Tronchón y Fortanete, además de en Mosqueruela (del Gúdar-Javalambre). El proyecto de Montero Energy Corporation, filial española de la canadiense R2 Energy, se basa en investigar las reservas energéticas del Maestrazgo, objetivo para el que solicitó permisos a la DGA.

Tras estudiar la viabilidad de explotar los recursos de la zona, la empresa solicitará nuevas autorizaciones para extraer gas utilizando el fracking. Es esta técnica de extracción la que más controversia ha generado en el territorio. Consiste en perforaciones en la roca para inyectar líquidos que hacen aflorar el gas y demás recursos energéticos. Además de los riesgos que supone la fractura de las rocas, el fracking es cuestionado por la posibilidad que existe de que las sustancias químicas o el propio gas se filtren a los acuíferos.

Sin mencionar el impacto ambiental y visual que la actividad industrial puede provocar en el medio rural. A los municipios afectados del Maestrazgo turolense se suman los 41 de la parte limítrofe con Castellón.

Precisamente fue en la provincia vecina donde empezó la movilización vecinal a causa de que los permisos solicitados se hicieron públicos un mes antes. Ahora, aquellos que se oponen al proyecto en Aragón hacen lo propio y tienen de plazo hasta el 28 de enero para registrar sus protestas ante la administración pública.

Pese a que la DGA anunció la solicitud de permisos el 30 de octubre y dio dos meses para que el territorio formulara sus alegaciones, el Ministerio de Industria lo hizo más tarde, por lo que el plazo de reclamaciones se alargará hasta finales de enero. Tal como establece la ley, durante este periodo también pueden presentar sus proyectos empresas energéticas interesadas en utilizar los recursos de la zona.

Según fuentes de la consejería de Industria, en estos momentos no consta que haya ninguna solicitud, si bien es cierto que falta recabar la documentación de las administraciones locales y comarcales de Aragón.

Contenido de la alegación
Las alegaciones al fracking difundidas por Teruel Sin Fractura pueden descargarse desde el Facebook o el blog de la plataforma. En el documento, se critica la falta de información del gobierno de Aragón, la poca seguridad que existe en torno al uso del fracking, el elevado riesgo de contaminación y consumo de agua que realizará la empresa, la generación de residuos industriales durante las exploraciones y la afección visual y ambiental que sufrirá el Maestrazgo.

Asimismo, se recuerda a la administración que la alteración del subsuelo de la zona puede incrementar el riesgo de terremotos. «La relación entre fractura hidráulica y ciertos seísmos parece innegable, tal y como ocurrió en el año 2011 en Arkansas (EE UU), con más de 800 terremotos provocados por esta técnica», argumenta la plataforma.

Las alegaciones reclaman que los vecinos de los pueblos afectados sean parte interesada a la hora de debatir sobre el proyecto. Cabe recordar que aunque los permisos de investigación han sido solicitados al gobierno autonómico, las autorizaciones para realizar sondeos mediante el fracking debe concederlas el ministerio de Medio Ambiente.

Por ello y pese a que las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad instar a la DGA a que declare la Comunidad libre de fracking, la administración que tiene la última palabra es el Estado central. Esta opción no resulta alentadora puesto que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ya avanzó la semana pasada que su departamento apoya las prospecciones.

Lo hizo tras ser preguntado al respecto por el diputado aragonés de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, quien solicitó que se detengan las explotaciones energéticas de estas características en nuestro país. En estos momentos, no solo Teruel se expone a los riesgos del fracking. Tanto Montero Energy como otras empresas similares tienen tramitados o aprobados permisos en el norte de España (Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y Cataluña). La Comunidad Valenciana y las Islas Canarias son los otros dos territorios en los que las empresas energéticas buscan nuevos yacimientos de gas.

Así, Yuste apeló a los riesgos de contaminación que conlleva el proceso. Como la plataforma Teruel Sin Fractura, el diputado advirtió de la posibilidad de que la alteración de la estructura del subsuelo se traduzca en el aumento de movimientos sísmicos.

Yuste corroboró esta afirmación a través de casos que se han registrado en los últimos años: a los terremotos de Arkansas que cita la plataforma sumó los registrados en el Reino Unido en 2010, que motivaron la suspensión de los permisos en este país. Refiriéndose a España, añadió que recientes estudios vinculan el vaciado y la alteración del acuífero situado debajo de la ciudad de Lorca con el terremoto de mayo de 2011, que causó 9 muertos y más de 200 heridos.