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Polémica ambiental por el permiso para sondear gas en seis municipios

En pocos días, el término 'fracking' se ha convertido en uno de los más utilizados en el Maestrazgo. Su popularidad surge a raíz de la autorización que la DGA y la Generalitat Valenciana han otorgado a una empresa energética para investigar si existen yacimientos de gas en el límite provincial y si éstos pueden ser explotados comercialmente.

Los estudios se realizarían mediante 'fracking', que en inglés significa 'fractura hidráulica’, una técnica que ya ha levantado voces amigas y enemigas en el territorio. Mientras el proceso en Castellón es rápido y ya han habido reuniones con la empresa (Montero Energy Corporation S.L.), Teruel está a la espera de más información. Por ahora, lo único que se sabe es que el proyecto bautizado como ‘Platón’ afectará a Cantavieja, Fortanete, La Iglesuela del Cid, La Cuba, Mirambel y Tronchón. Mosqueruela (de la comarca Gúdar-Javalambre) también se incluye en la investigación.

La controversia surge de esta desinformación y del propio proceso de la fractura hidráulica, cuestionado por organizaciones ecologistas, representantes políticos y hasta por la Unión Europea. En el otro lado, se sitúan las empresas energéticas. En este caso, Montero Energy Corporation S.L. desmiente los riesgos medioambientales del proceso y apela a los beneficios económicos para el territorio.

Frente a la contaminación de acuíferos que auguran los ecologistas, la empresa gasística juega su mejor baza y espera hacer de este país una segunda Noruega. Es cuestión de días que las divergencias de la iniciativa empresarial afloren en los pueblos afectados.

La cara y la cruz del ‘fracking’
La fractura hidráulica extrae gas de subsuelo rocoso practicando una perforación horizontal a una profundidad de entre 2 y 4 km. El conducto que atraviesa las rocas inyecta en la zona afectada una mezcla de agua y arena (en una proporción del 98%) y de productos químicos (2%). Este mecanismo crea una presión que hace que el gas aflore para poder ser extraído.

Los principales inconvenientes que encuentran las organizaciones ecologistas es la opacidad que existe en torno a las sustancias químicas utilizadas y a la posibilidad de que el gas removido se filtre hacia acuíferos cercanos. No resulta difícil respaldar estas tesis puesto que el departamento de Política Económica y Científica de la UE ha emitido un informe que las corrobora.

Además, añade los inconvenientes derivados de la alta ocupación de los terrenos en los que se instalarán las plataformas de extracción así como la posibilidad de que se produzcan emisiones de metano (gas de efecto invernadero) a la atmósfera. Sin embargo, la UE lamenta que no se ha desarrollado una ley de Minas eficiente y común a los 27 Estados miembro que limite los riesgos de este tipo de procesos.

Solo así se producen divergencias en el propio seno de la Unión: Francia prohibió el 'fracking' en 2011, Bulgaria lo ha hecho este año e Irlanda del Norte sometió los proyectos a una moratoria para estudiar a profundidad las consecuencias de la fractura hidráulica. Los agentes medioambientales vinculados con el Maestrazgo encuentran en estos argumentos mayor credibilidad que en la empresa energética. Así lo demostraron en una charla que se celebró el sábado en Mirambel y reunió a vecinos y políticos de los municipios afectados.

El promotor del encuentro fue Javier Oquendo y el experto invitado, José Luis Simón, geólogo de la Universidad de Zaragoza y miembro del colectivo Sollavientos. Oquendo alertó de que el riesgo para los recursos hidráulicos del territorio es doble: existe la posibilidad de que se contaminen acuíferos por fugas y de que se reduzcan las reservas de agua. «Una sola inyección requiere entre un tercio y la mitad de la capacidad del embalse de Santolea, es decir, 15 hm3 de agua», advirtió el promotor.

Igual de contrario se mostró José Luis Simón, quien añadió que los ejemplos de 'fracking' en otros países no son válidos en el Maestrazgo. Según el geólogo, la empresa se basa en defender un modelo de investigación que garantizaría una separación de un mínimo de 1 km entre acuíferos y yacimientos. «Aquí es imposible porque plantean desarrollar su proyecto en formaciones del periodo jurásico en las que las reservas hídricas y las rocas que perforarán están mucho más próximas», señala.

Una Noruega en España
La crisis económica también sirve para promover la investigación mediante 'fracking'. Una vez más, se ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar la independencia energética de España. Por eso, empresas y gobiernos quieren ser Noruega, cuya fondo público del petróleo acumula una reserva de 400 millones de euros. Conscientes de la riqueza energética por explotar en nuestro país y del auge de movimientos contrarios a la fractura hidráulica (que podrían motivar leyes más severas), el sector no pierde un segundo.

La autorización otorgada a Montero Energy Corporation S.L. permitirá que esta empresa efectúe investigaciones en el Maestrazgo de Castellón y Teruel durante seis años. Pese a las críticas de 'carta blanca' ambiental brindada a esta práctica, el jefe de Exploración de la empresa, Rafael López, matiza que la autorización es para tener la exclusividad de proyectos de investigación.

«De hecho -añade López- la aprobación no nos proporciona libertad para operar sino que abre la veda para que otras empresas del sector hagan una contraoferta durante el plazo de dos meses para pugnar por la propuesta de investigar en la zona». Si el 30 de diciembre no se ha producido tal contraoferta, Montero Energy Corporation S.L. empezará su proyecto. La empresa asegura que deberán tramitar una declaración de impacto ambiental para llevar acabo cada perforación.