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Abiertas diligencias judiciales por caza furtiva en cotos de Ejulve y Villarluengo

La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel investiga un episodio de caza furtiva ocurrido a finales del año pasado en Ejulve y Villarluengo, cuando dos cazadores fueron pillados in fraganti por agentes del Seprona tras abatir dos ejemplares de cabra montés.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel investiga un episodio de caza furtiva ocurrido a finales del año pasado en Ejulve y Villarluengo, cuando dos cazadores fueron pillados in fraganti por agentes del Seprona tras abatir dos ejemplares de cabra montés. El límite que separa la infracción administrativa del delito penal no suele estar muy claro en estos casos ante las dudas que suscita la interpretación jurídica de las leyes.

Fuentes del ministerio público indicaron ayer que el caso ha sido remitido ya al Juzgado de Instrucción número 2 de Teruel, después de que el Seprona pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Los cazadores furtivos se habían cobrado dos piezas en la reserva de caza Masías de Ejulve en el Maestrazgo, y en el coto particular La Palomita de Villarluengo, cuando fueron sorprendidos por agentes de la benemérita, que habían establecido un dispositivo especial de vigilancia.

El Seprona había recibido una denuncia tras detectarse que cazadores furtivos estaban cobrándose piezas de forma irregular, al haberse encontrado cabras decapitadas en la zona. Los hechos se remontaban al año 2013.

El dispositivo de vigilancia que dio con los cazadores furtivos se llevó a cabo entre los días 20 y 23 de noviembre del año pasado. Este tipo de prácticas suele producirse en los meses del otoño y aunque las cabras son una especie cinegética, forman parte de un plan técnico que deben gestionar los cotos y las reservas de caza y solo pueden ser capturadas con autorización.

Los agentes del Seprona interceptaron a los furtivos en la carretera después de haber cortado las cabezas a las cabras. Los trofeos fueron decomisados así como las armas y todo el equipo de caza que llevaban. Por el material decomisado, todo apunta a que los cazadores, además de tener un alto poder adquisitivo, actuaban de forma bastante profesionalizada.

Estaban alojados en una casa de turismo rural y a la hora de cobrarse las piezas establecían un sistema de vigilancia previa, cambiando de rumbo con el vehículo para evitar ser descubiertos. No obstante, fueron interceptados en la carretera por los agentes del Seprona cuando se marchaban con las piezas cobradas en sendos vehículos. Junto a los cazadores, dos hermanos residentes en Madrid, les acompañaba una tercera persona que podría ser el guía.

La caza furtiva provoca perjuicios económicos en territorios rurales como los de la provincia de Teruel, puesto que son un sustento para algunos de sus habitantes en pueblos que suelen contar con escasos recursos, además de afectar a la demografía de estas especies cinegéticas. La cabra montés es una especie que se puede cazar, pero está sujeta a un plan técnico con cupos específicos, cuyos trofeos además tienen un precio.

Por el armamento de muy buena calidad que fue decomisado a los furtivos, podría tratarse de personas con elevados recursos económicos y con capacidad por tanto para pagar los trofeos. En estos casos, el detonante podría estar en el placer añadido que puede tener la caza furtiva.

Este tipo de prácticas tiene consecuencias económicas para la gestión de los cotos puesto que supone el robo de piezas de caza en la zona, restando así rentabilidad a los municipios.

Existen dudas sobre la interpretación jurídica en estos casos cuando llegan a los juzgados y se trata de especies cinegéticas, puesto que pueden ser considerados como delitos contra la fauna, pero también interpretarse únicamente como infracciones administrativas.

Tras la comunicación del Seprona a la Fiscalía, se han abierto diligencias judiciales para determinar si los cazadores furtivos solo cometieron la infracción administrativa o si por el contrario incurrieron en un ilícito penal.