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Consenso en el vertedero para un plan piloto que reduzca residuos

La adaptación a la nueva normativa europea que exige que en 2020 se recicle, como mínimo, el 50% de los residuos, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de todas las comarcas bajoaragonesas salvo el Maestrazgo, integrantes del Consorcio de la Agrupación nº 7. A ello se le suma la solicitud de salida del Bajo Aragón Caspe, lo que incrementaría considerablemente los gastos al tener que afrontarlos entre cuatro comarcas y no entre cinco como hasta ahora.

La decisión de la comarca zaragozana viene motivada por la fuerte inversión que tendrá que afrontar el Consorcio sino logra reciclar el 50% de los residuos. Entonces, tendría que construir una planta de triaje para separar las basuras que costaría, como máximo, 13 millones de euros.
Por ello, la Agrupación está buscando alternativas para poder llegar al mínimo exigido y así no tener que construir la planta. El miércoles se celebró una reunión para estudiar las propuestas alternativas planteadas por las comarcas. Todos los integrantes dieron el visto bueno a la opción presentada por la Comarca del Matarraña y que previamente había sido consensuada la semana pasada en una reunión con todos los alcaldes matarrañenses. Su presidente, Francisco Esteve, propuso poner en marcha un plan piloto para lograr reducir el porcentaje de reciclaje hasta el 50%. Su comarca es la que más residuos separa del Bajo Aragón Histórico situándose entre un 18% y 20%, una cifra aún muy alejada del 50% exigido. Para lograrlo, propuso poner en marcha un programa piloto en dos localidades. En un municipio se realizaría la recogida de basuras puerta a puerta y en otro, se colocarían contenedores para la recogida de los residuos orgánicos, que son los que más pesan. «Debemos realizar un esfuerzo entre todos los ciudadanos para no tener que pagar más».
Una vez aprobada la aplicación de este plan piloto, ahora el Consorcio debe escoger los municipios en los que se llevará a cabo a modo de prueba. Desde la agrupación, su presidente, José Miguel Timoneda, ha rehusado realizar declaraciones a los medios y se remite a una nota de prensa que enviará en los próximos días.
Por su parte, la presidenta de la Comarca del Bajo Aragón, Ana Belén Andreu, se muestra favorable con la puesta en marcha del plan piloto y califica el coste de la planta de triaje, 13 millones, como una «barbaridad» que no pueden asumir cuatro comarcas. Aunque consciente de que no se debe esperar mucho para actuar, Andreu prefiere aguardar hasta después de las elecciones de mayo de 2015 para tomar una decisión definitiva puesto que tanto las comarcas como DGA pueden cambiar de color político en tan solo unos meses. Precisamente, el ejecutivo autonómico es quien debe aprobar el Plan Gira, que regirá la aplicación de la normativa europea en Aragón. En la misma línea opina el presidente del Bajo Martín, Antonio del Río, quien asegura que se debe trabajar para no aumentar la factura al contribuyente.
Por su parte, la Comarca del Bajo Aragón Caspe sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Zaragoza acepte su petición de llevar sus residuos a su vertedero municipal y así hacer efectiva su salida del Consorcio.