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Fracturar el interior de la tierra

El subsuelo aragonés está atrayendo el interés de empresas que se dedican a explotar el shale gas. El Maestrazgo es uno de los focos, y las posturas a favor o en contra discurren por todo Aragón, cuando hasta hace poco tiempo nadie había escuchado hablar de lo que era el 'fracking'. Una técnica en estudio por sus posibles consecuencias.

Hace poco que el término “fracking” se ha introducido en el debate político en la Comunidad Autónoma de Aragón. La fracturación hidráulica es una aplicación técnica para explorar y explotar hidrocarburos no convencionales, que consiste en inyectar agua en el subsuelo para la extracción de gas o petróleo. La presión del agua, a la que se le incorporan arena y otros productos, rompe y agranda las grietas de la roca lo que facilita la salida del gas o el crudo. Esta práctica se ha fijado en la provincia de Teruel, donde se celebran encuentros y asambleas para discutir sobre los beneficios económicos y laborales que pudiera traer su uso o las consecuencias negativas para el medio ambiente, que defienden otros.

Puertomingalvo, declarado libre de fracking por su Ayuntamiento y por unanimidad, ha llegado a acoger un encuentro estatal de plataformas en su contra, que apuestan por su prohibición en todo el Estado. Consideran que es una “amenaza especulativa del sector financiero de hidrocarburos internacional, que intenta aprovecharse de la situación para intentar enriquecerse con nuestros recursos”. Y es que, según explican, se trata de una actividad a corto plazo, que perfora y fractura la roca madre, gasta mucha agua para ello y le añade productos tóxicos, contaminando acuíferos y provocando hundimientos. Por otro lado, resaltan que no es ninguna oportunidad de empleo, ya que los trabajos serán pocos y temporales, por lo que aseveran que no compensa el “desastre ecológico que dañará la salud y la economía de la población por generaciones”.

No parece posible la prohibición estatal dado que la postura del Ministerio de Medio Ambiente, con Miguel Arias Cañete a la cabeza, se basa en que “que los proyectos, en sí mismos, no son ni buenos ni malos, sino que las condiciones ambientales en las que se opere con esa técnica son las que determinarán si es viable su aplicación”.

Además, el pasado 10 de octubre el Congreso aprobó la normativa que regula esta técnica, con los votos a favor de PP y UPN, dentro de un proyecto de ley de fomento de la competencia y garantía de la seguridad de suministro en los sistemas eléctricos extrapeninsulares. En ésta limita la competencia a los casos en que las extracciones afecten a más de una Comunidad, pero la última palabra la tienen los Gobiernos autonómicos.

Algunas Autonomías ya han rechazado esta práctica, véase Navarra o Cantabria, mientras que en Aragón sólo algunas localidades y la capital se han declarado libres de fracking. Las Cortes aprobaron una propuesta de Chunta Aragonesista que pedía su declaración, que no se ha producido, a la que se dio luz verde por unanimidad, eso sí, con matices. Mientras el Partido Aragonés y el Partido Popular insistieron en el principio de “prudencia” al hablar de una técnica que para ellos no está demostrada como nociva todavía, algo que señaló también el PSOE que defiende una moratoria, Izquierda Unida presentó una enmienda para incluir la petición de revocar todas las autorizaciones administrativas que se hayan dado para el estudio de estos proyectos, pero fue rechazada.
Colectivos ecologistas denuncian el enorme riesgo de los proyectos
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Aragón cuenta en este momento con catorce solicitudes para extraer gases no convencionales mediante "fracking" o fractura hidráulica. De éstas, ocho ya tienen permiso concedido y las seis restantes están a la espera de la oportuna resolución.

Algunos colectivos han alegado al Plan Energético de Aragón 2013-2020 para que contemple que, debido a la importancia que está adquiriendo la utilización de la técnica de fractura hidráulica en investigación y explotación de hidrocarburos o gases no convencionales, “la investigación para la evaluación del recurso se limitará a las técnicas utilizadas en la investigación de gas convencional hasta que la Unión Europea determine las condiciones técnicas que garanticen la protección, la salud y el medio ambiente”.

El consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha manifestado en multitud de ocasiones que no es partidario de las posturas de prohibición generalizada y que hay que ser prudentes y cautelosos. Lo que ha refrendado con sus palabras el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, que asegura que la opinión de la DGA sobre esta práctica es la de cumplir la normativa vigente.

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